Dos gallos se entreveran en el brete, ante la exaltada atención de una multitudUna tradición que resiste
Nueva polémica por las riñas de gallos en el país
En Santiago del Estero piden que se derogue su autorización
SANTIAGO DEL ESTERO.
Nueva polémica por las riñas de gallos en el país
En Santiago del Estero piden que se derogue su autorización
SANTIAGO DEL ESTERO.
– En la ruta provincial Nº 1, una gran cantidad de autos y camionetas último modelo se agolpan al lado del camino, cerca del cartel que reza “El Gran Chaparral”.
Dentro del local, cientos de personas de distintos niveles económicos y clases sociales se mezclan y se amontonan alrededor del “brete”, esa suerte de ring en el que los gallos, ayudados por espuelas de acero colocadas en sus patas, se baten, a veces hasta la muerte, ante el grito enloquecedor de sus dueños y de los apostadores.
Este ritual, tan antiguo como sangriento, moviliza a miles de personas cada fin de semana, en un negocio que produce más de un millón de pesos al año y que, a contramano de las leyes nacionales, que penalizan la actividad, en esta provincia funciona bajo la protección de una ley provincial dictada hace dos décadas, durante el gobierno de Carlos Juárez. Pero ese amparo provincial, al parecer, no durará mucho tiempo más.
La Asociación Vida Animal obtuvo de los legisladores locales el compromiso de que pronto esa ley será derogada.
Esta misma organización proteccionista había conseguido que el juez del crimen de La Banda, Néstor Migueles, decretara la suspensión de un torneo internacional de riña de gallos que debería haberse realizado aquí a fines del año pasado, con el argumento de que la ley provincial 5574 "se contrapone a la ley nacional 14.346", que contempla la prohibición de todo tipo de actos que conlleven al "sufrimiento de cualquier especie animal".
La norma local establece que las riñas de gallos podrán realizarse en todo el territorio provincial, y que la Dirección de Deportes de la provincia es la encargada de extender los permisos para la actividad, cuyo producto debe ser destinado a entidades de bien benéfico y para el reequipamiento de la policía provincial.
Está prohibido el ingreso de menores de 18 años a las riñas, así como lo está la venta e ingesta de bebidas alcohólicas dentro de los establecimientos donde se llevan a cabo.
Para Elma Mansilla, presidenta de la Asociación Vida Animal en Santiago del Estero, que depende de la Red Solidaria, "esta ley que autoriza en la provincia las riñas de gallos, esta actividad cruel que produce la muerte, pero, principalmente, el sufrimiento de estos animales, se contrapone claramente con la ley nacional, sancionada en 1954, que dispone la protección de los animales y reprime los actos de crueldad en contra de ellos".
Esta actividad mueve anualmente grandes sumas de dinero en apuestas paralelas entre los denominados "galleros", que comienzan con un piso de 70 pesos, trepan a los 3000 y, en muchos casos, no tienen techo.
LA NACION dialogó con uno de estos "galleros", que prefirió mantenerse en el anonimato y crítico duramente a quienes quieren prohibir las riñas en la provincia.
"Esta actividad tiene muchísimos años.
Los que somos ´galleros lo hemos heredado de nuestros abuelos y de nuestros padres.
Es parte de nuestra cultura y, aunque no lo crean, esto genera fuentes laborales, ya que hay casos en que los dueños de los gallos son personas de buena educación, profesionales y de buena posición económica que dejan gente a cargo del cuidado de los animales", destacó.
Según Sofía Maninno, de Vida Animal, "esto mueve ganancias netas al año en todo Santiago del Estero de más de un millón de pesos.
Y en el caso de Termas de Río Hondo, en los últimos diez años, las instalaciones del estadio municipal fueron cedidas para la organización de importantes torneos de riñas de gallos, con la visita de numerosos visitantes del país e incluso de Brasil.
LA NACION pudo conocer qué alimentación y entrenamiento se les da a los gallos antes de lanzarlos al ruedo.
"Se los alimenta con avena y arroz integral.
A los 8 meses comienza el entrenamiento, que consiste, en un primer paso, en arrojarlo constantemente al aire, así el animal adquiere fuerza por el aleteo, y así obtenga mayor agilidad.
Luego se lo coloca en el brete con otro gallo, pero se les vendan las patas y se les colocan piqueras para que no se lastimen.
El tema es que, luego, no se las ponen; de ahí la gran cantidad de muertes y pérdidas de gallos, que en algunos casos quedan totalmente ciegos, en un acto de crueldad total", sostuvo Mansilla.
Beneplácito y críticas
Cuando, semanas atrás, el juez Migueles prohibió la realización del torneo internacional, en el que estaba prevista la presencia de galleros de Brasil, su decisión causó gran satisfacción en la sociedad.
Desde la Asociación Vida Animal se afirmó:
"Es la primera vez que en 453 años de vida de Santiago del Estero que se procede a la suspensión de un acto cruel e inhumano".
Esta misma asociación presentó a fines del año pasado un proyecto en la Legislatura local para que se derogue esta ley, y, según Mansilla, los parlamentarios le dieron el visto bueno. "Esperemos que la Legislatura trate este anteproyecto que presentamos con la finalidad de obtener un ordenamiento sano y que se termine con esta agonía cruel que les provoca a estos animales las riñas y que hablan de la bajeza humana", sentenció Mansilla.
Días atrás, en la sección "Cartas al Director" del diario local El Liberal, un hombre que confesó ser "amante de las riñas de gallos" criticó con dureza a las asociaciones que pretenden la prohibición de esta actividad.
Al exponer sus argumentos, destacó:
"Es una actividad milenaria, y los gallos llevan en su naturaleza la pelea, lo hacen para sobrevivir. Hubo grandes estadistas mundiales, presidentes de potencias mundiales y emperadores romanos que tenían gallos de riña".
Así defendió la realización de estos "espectáculos" que llevan impresos una altísima cuota de violencia y sangre, además del sufrimiento innecesario de ejemplares de esta hermosa especie. Algo, que, si prospera el pedido de los proteccionistas, dejará de suceder, al menos bajo el amparo de las autoridades provinciales.
Por Leonel Rodríguez
Para LA NACION
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